La intervención pública en la economía o la ordenación jurídico-pública de la economía es tan antigua como las civilizaciones. En la época medieval, la organización y la regulación de los mercados no eran cuestiones de Derecho privado o común, sino responsabilidades asumidas por un poder público que concede, reglamenta, recauda, inspecciona las actividades de los mercaderes, junto con otras muchas acciones. Por eso, esas actividades para controlar los mercados requerían de la disposición de una cierta normativa. Así, el poder público disponía unas medidas para ordenar cómo se efectuaba el tráfico de la mercancía.
Otro ejemplo histórico es el intenso tráfico mercantil que se producía en las Américas durante el siglo XVI, que llevaba una paralela organización. Por tanto, la actividad económica siempre ha llevado, en paralelo, algún tipo de intervención del poder público, normándola, disciplinándola, o regulándola.
- Origen del intervencionismo estatal
El origen del intervencionismo estatal en el mundo económico se encuentra en las alteraciones coyunturales, las crisis económicas y la aparición del pensamiento socialista en los finales del siglo XIX y principios del XX. Estos diversos factores producen una evolución en las conductas del Estado, que pasa a tomar las riendas de las actividades económicas y sociales que redundan en beneficio del interés general de la colectividad (energía, sanidad, comunicaciones, etc.).
- Evolución del Estado Liberal
Así, hay una evolución que parte del Estado liberal, esencialmente abstencionista o mínimamente interventor, asentado sobre una concepción que preservaba caminos separados para el Estado y para la sociedad civil, lo que se traducía en el ámbito jurídico, en el reconocimiento de dos fundamentales derechos de los ciudadanos, de mero carácter formal: la libertad y la propiedad.
Estos derechos se proclamaban en los textos constitucionales con pretensiones universales, con la sola fuerza de ser considerados derechos naturales del hombre. Por encima de todos los demás, la libertad del individuo, en cuanto originaba los restantes derechos, y la propiedad, como primera extensión material de la libertad. En este contexto, la intervención del Estado se plantea como garante de la libertad, por lo que la actuación administrativa se configura como una actividad de policía, de limitación o de restricción de las posibles agresiones a la libertad y a la propiedad.
- Proceso de asunción de responsabilidad en la economía por parte del Estado: principios del siglo XX
A principios del siglo XX comienza a desplegarse un proceso de sucesiva asunción por el Estado de mayor responsabilidad en la economía, como consecuencia de las propias carencias y necesidades del propio sistema, que desembocará, tras la segunda guerra mundial, en la caracterización del Estado contemporáneo como un Estado fuertemente intervencionista, con apoyo en las constituciones, tanto en las democracias occidentales como en los sistemas socialistas del este de Europa, a través de formulas de participación directa en indirecta de las Administraciones públicas en la actividad económica.
El intervencionismo estatal es algo inherente a todas las políticas económicas modernas, alcanzando diversas intensidades según el planteamiento político del poder gobernante. Aun así, toda intervención estatal en el mundo socioeconómico deberá estar justificada en la intención de garantizar como fin último la satisfacción del interés general.
- Modalidades interventoras de la Administración
Estos fines públicos, es decir, el mínimo existencial del ciudadano, se pueden lograr a través de distintas y diversas técnicas. La Administración tiene a su disposición un amplio abanico de modalidades interventoras:
+ Modalidades interventoras directas
Las directas, que van desde la simple reglamentación de la actividad por razones de seguridad o salubridad, a la asunción por el Estado de la titularidad de determinadas actividades económicas consideradas esenciales para la comunidad.
+ Modalidades interventoras indirectas
Las indirectas, mediante la regulación del proceso económico, o sea, la dirección, el impulso y la estructuración del desarrollo del proceso económico.
- La iniciativa pública en la economía y el límite de la libertad de empresa
Además del fin, la iniciativa pública en la económica tiene otros límites constitucionales infranqueables, siendo el principal de ellos la preservación del contenido esencial del derecho a la libertad de empresa, consagrado en el artículo 38 de la Constitución.
La ecuación poder público y economía o actividad económica está dirigida en función del modelo económico imperante. Si nos remontamos al siglo XIX, podemos ver como la ordenación jurídico-pública o la disciplina jurídica de la actividad económica y del mercado estaba directamente marcada por la preponderancia del modelo económico que imperaba en tal momento.
- ¿Neoliberalismo o intervencionismo, hoy día?
En la economía internacional del mundo capitalista de la posguerra mundial, el modelo keynesiano marcó los perfiles básicos del régimen de intervención pública en la economía. Éste fue sucedido por el liberalismo, y éste por el neoliberalismo. Actualmente nos encontramos en un momento de incertidumbre, sin saber realmente si avanzamos por el modelo del neoliberalismo o hemos vuelto al intervencionismo.
En función de la preponderancia del modelo, la ordenación jurídica y las técnicas serán distintas. En el mundo capitalista, toda la ordenación jurídica va dirigida a potenciar la libertad del sujeto, la libre iniciativa, a proteger a los usuarios y consumidores, a proteger la competencia del mercado, etc. En el modelo contrario, todas las técnicas van a circunscribirse a utilizar la nacionalización, a la creación y el mantenimiento del monopolio económico, el control sobre la actividad económica, la restricción de la libertad, etc.
+ Reducción actual del intervencionismo administrativo directo en los países occidentales
Actualmente, sobre todo en los países occidentales, se observa la tendencia a modular el protagonismo estatal en el desarrollo de las actividades económicas, acusándose una importante reducción del intervencionismo administrativo directo, debido a que ha quedado acreditado que los sistemas de intervención directa resultan incompatibles con un verdadero crecimiento y, además, resultan inoperativos e inútiles a efectos de satisfacer las exigencias del interés público. Al mismo tiempo, se detecta un fenómeno más amplio de liberalización de la economía, traducido en una desregulación o desreglamentación de actividades que se encontraban intervenidas. Sin embargo, este proceso de liberalización no exige la disminución del papel de la Administración en la economía, sino que ésta debe adaptarse a las nuevas circunstancias a través de las técnicas de la intervención indirecta que le permiten el desarrollo y dirección de una política económica concreta.
- Reducción de la aplicación del Derecho administrativo coercitivo: la privatización y la desregulación o desreglamentación
Es por ello que se aprecia una reducción de la aplicación del Derecho administrativo coercitivo en favor de una intervención administrativa basada en los estímulos positivos y de carácter consensual y participativo. Esta progresiva reducción del protagonismo público en el desarrollo de la actividad económica confirma la expansión del fenómeno privatizador-desregulador, contrario a la anterior política de nacionalización-regulación. Este fenómeno “desinterventor” presenta dos modalidades:
+ La privatización
Es toda aquella medida tendente a que los particulares puedan asumir bienes o actividades económicas anteriormente de titularidad o gestión pública. Son la despublificación, la disociación de titularidad y gestión, la simple venta de participaciones de una empresa pública, incluyendo la técnica de la Administración pública de acudir a fórmulas organizativas y de procedimiento jurídico-privado para el ejercicio de funciones y competencias de carácter público.
+ La desregulación o desreglamentación
Comprende todas aquellas medidas tendentes a dinamizar la vida económica y que consisten básicamente en la eliminación por parte de la Administración de todas las restricciones y limitaciones que afectaban al libre desarrollo empresarial. Es decir, todas aquellas medidas que suponen una liberalización de la economía. Esta desregulación supone en la práctica una re-regulación, puesto que, a fin de garantizar la efectiva competencia y solventar los problemas generados por el mercado liberalizado, se ha incrementado la densidad normativa.
