Si la división de poderes constituye el presupuesto político para la existencia del Derecho Administrativo, el Estado de Derecho debe considerarse como su presupuesto jurídico. El núcleo central de aquél está constituido, en efecto, por las normas que regulan las relaciones entre la Administración y los particulares, y estas normas sólo adquieren carácter jurídico a partir del advenimiento de dicha forma de Estado.
Con anterioridad se daban también preceptos referentes a tales relaciones, pero no tenían carácter jurídico externo, ya que eran dictadas por el príncipe para la buena marcha de la Administración, a él sometida, y por tanto, si bien vinculaban a los órganos subordinados, carecían de eficacia en cuanto al mismo príncipe; por lo que no constituía garantía para los ciudadanos.
Fuente:
Curso de Derecho Administrativo, Rafael Entrena Cuesta.
