miércoles, 8 de octubre de 2014

El Derecho público económico: concepto y principios

El Derecho económico es una materia interdisciplinar, abarca o está comprendida por un buen número de ramas de nuestro ordenamiento jurídico que se extiende tanto en el seno de lo que conocemos como Derecho público como en el seno del Derecho privado.

Derecho publico economico

- Concepto de Derecho económico


El Derecho económico es aquella parte del ordenamiento jurídico que tiene su centro de atención en aquellas cuestiones jurídicas relacionadas con el proceso o actividad económica y ello se desenvuelve tanto en el ámbito de las potestades públicas como en el ámbito de los negocios jurídico privados.

Derecho economico y Derecho administrativo

- Derecho Público de la Economía


+ Disciplina jurídico-pública de la economía en general y del mercado en particular


El Derecho público de la economía es una disciplina jurídica de la economía en general y del mercado en particular.

+ Sustantividad propia, con amplia tradición jurídica en otros países: Estados Unidos, Alemania, Francia


En nuestro país la tradición para con el Derecho público económico es relativamente corta, siendo en otros países como Estados Unidos o Francia sí que goza de una tradición mayor, al existir desde hace décadas, en algunos casos desde principios del siglo XX, una cultura y una tradición de estudio del Derecho económico que se exporta a nuestro país desde época reciente. El tratamiento del Derecho económico desde la perspectiva desde el Derecho público se reducía a trabajos puntuales.

Economia y Derecho publico

- Intervención pública de la economía


+ Antecedentes históricos relativos a la intervención pública de la economía


La intervención pública de la economía tiene precedentes históricos bastante remotos: podríamos remontarnos a época romana o en un salto en siglos posteriores en el medievo con la regulación de la actividad artesanal, no deja de ser un ejemplo de cómo el poder público (hoy Estado) intervenía en las actividades económicos que desarrollaban los particulares. Desde entonces los ejemplos han ido aumento, interviniendo el Estado en la materialización de instrumentos que modulan la actividad económica.

+ Relación con el modelo económico


Esto está también relacionado con el modelo económico: si el modelo económico que predomina es un modelo intervencionista, las potestades administrativas irán dirigidas como su propio concepto nos marca, a una intervención directa en determinados ámbitos de la actividad económica. Un modelo intervencionista es un modelo que tiende a una economía con una fuerte presente del poder público, no sólo regulatoria sino también desarrollo.

El modelo intervencionista lleva incorporada la idea de un poder público que interviene de forma activa en el proceso económico: creando empresa, activando el tejido económico, reservando al poder público actividades económicas.

El modelo liberal es el contrario, se caracteriza por un menor papel activo del poder público (liberalización, desaparición de empresas públicas, el Estado abandona su papel activo en la economía y se limita a establecer unos mínimos sobre el mercado y sobre una economía que funciona de forma libre).

Intervencion publica y economia

- Contenido del Derecho público de la Economía: Derecho Constitucional y Derecho Administrativo


El Derecho público económico no se limita sólo al Derecho Administrativo sino que puestos a identificarlo con una rama tradicional del ordenamiento jurídico estaría un poco a caballo entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo.

En la realidad, la problemática y las instituciones no son tan estancas, y sobre el contexto en el que se desarrolla nuestra sociedad esto puede ser mucho más matizable (por ejemplo, en Derecho audiovisual en Estados Unidos abarcaría muchas de las ramas de nuestro ordenamiento jurídico).

Derecho Constitucional y Derecho publico economico

- Derecho Administrativo Económico


El Derecho Administrativo Económico sería aquella parte del Derecho administrativo que va a centrar su atención en la intervención del poder público en la economía y en la regulación de los sectores públicos o económicos.

+ Funcionalidad del Derecho Administrativo Económico según Rivero


Por un lado el Derecho Administrativo Económico facilitaría la intervención del poder público: disponiendo las potestades necesarias para facilitar esta intervención.

Por otro lado, serviría para disponer el establecimiento de mecanismos garantizadores que eviten los excesos por la Administración.

Abogado y Derecho administrativo economico

- Principios aplicables al Derecho público económico


Vamos a aplicar dos grupos de principios y reglas propios del Derecho Administrativo tanto para la intervención en el sector económico como la regulación del sector ejecutivo.

+ Principios de la Ley de Economía Sostenible


Podemos hablar de dos conjuntos de principios que operarían en el Derecho administrativo económico: además de los que operarían con carácter general, con carácter particular, la Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de Economía Sostenible), introduce en su articulado una serie de principios que deben informar la actividad del sector público, a saber, por un lado:

. Mejora de la competitividad.

. Estabilidad de las finanzas públicas.

. Racionalización de las Administraciones Públicas.

. Fomento de la capacidad innovadora de las empresas.

. Ahorro y eficiencia energética.

. Promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento de residuos.

. Racionalización de la construcción residencial.

. Extensión y mejora de la calidad de la educación e impulso a la formación continua.

. Fortalecimiento y garantía del Estado Social.

+ Principios recogidos por los profesores Cosculluela y López


A efectos de análisis, son más interesantes los principios recogidos por los profesores Cosculluela y López:

. Principio de respeto y garantía de la economía de mercado.

. Principio de unidad del mercado nacional.

. Principio de protección del consumidor (eje vertebrador de la actividad económica).

. Principio de protección del medio ambiente.

. Principio de racionalidad y proporcionalidad.

. Principio de menor onerosidad en las medidas de intervención pública que supongan restricción de la libertad de empresa (lo que en Derecho penal se denominaría principio de intervención mínima, es decir, el establecimiento de los menores límites posibles).

. Principio de seguridad jurídica (probablemente el principio más olvidado en los últimos veinte o treinta años).

. Principio de sumisión a las reglas de la competencia de la actuación empresarial pública y a la especialidad de su actividad que resulte de los estatutos de las empresas públicas.

. Principio de agilidad y eficacia en todas las actuaciones públicas que inciden en la actividad económica.

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Por Javier García de Tiedra González, Abogado y autor de Introducción a la Inversión, una guía para aprender desde cero a rentabilizar nuestros ahorros.

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Fuente:
Lecciones magistrales del profesor de Derecho Administrativo (UCA) Manuel Jesús Rozados Oliva.