viernes, 1 de abril de 2016

Los bienes de dominio público: la recuperación de oficio

La recuperación de oficio ha sido definida por la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1986, entre otras) como la potestad de autotutela que el ordenamiento jurídico concede a la Administración. Constituye el denominado interdictum propium y va dirigida a la recuperación y restablecimiento de la situación posesoria anterior alterada por el particular. Atiende a la protección y defensa de la Administración por sí misma, es decir, sin necesidad de pedir la actuación jurisdiccional de los Tribunales en razón del interés público, cuya tutela le incumbe.

Recuperacion de oficio y Derecho Administrativo

El art. 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP, en adelante) dispone que las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida de bienes y derechos de su patrimonio. La recuperación de los bienes demaniales se puede hacer en cualquier momento; por el contrario, la de los bienes y derechos patrimoniales requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada a los interesados antes de que transcurra un año desde el día siguiente al de la usurpación: pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitar las acciones correspondientes ante los órganos de la jurisdicción civil.

sábado, 26 de marzo de 2016

Bienes de uso público (potestades de utilización) (III): uso privativo y reserva demanial

Analizamos, en esta tercera entrega sobre los bienes de uso público y las potestades de utilización, el uso privativo y la reserva demanial.

Bienes de uso publico y Derecho administrativo

- Uso privativo


El uso privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados (art. 85.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas –LPAP, en adelante-), nota que lo distingue del uso especial. En la legislación autonómica se suele otorgar esta consideración a las ocupaciones demaniales que se realizan mediante obras e instalaciones materiales fijas y de carácter permanente o que supongan una cierta transformación o modificación del bien a que se refiere (Ley catalana 11/1982, de 2 de diciembre). La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LPCA, en adelante) exige la tendencia a permanecer de las instalaciones.

viernes, 18 de marzo de 2016

Los bienes de dominio público: el deslinde

En la propiedad inmueble rústica el problema de la individualización de los bienes reviste una especial intensidad porque el campo no tiene puertas. El deslinde se nos configura en el Derecho privado como una facultad de exclusión dimanante del derecho de propiedad, facultad de la que participan también los titulares de los derechos reales (RIVERO). En el Derecho público se ha aceptado, prácticamente sin matización hasta ahora, esta misma consideración debido a que, al considerar al dominio público como una forma de propiedad (planteamiento que siguen los autores que más han estudiado el tema, a saber, RIVERO YSERN y MENDOZA OLIVAN), cuadraban perfectamente, a este respecto, las mismas facultades que la propiedad privada. Sea cual sea la condición de los poderes que se ejerzan (facultades inherentes a la propiedad o potestades públicas), el deslinde se presenta como una operación de establecimiento de límites y, por tanto, individualización de la cosa inmueble.

Derecho Administrativo y deslinde

En la relación entre particulares, el deslinde se realiza mediante u contrato entre las partes interesadas, o un acto de jurisdicción voluntaria que si llegara a tener oposición exigiría la correspondiente sentencia judicial en un pleito de deslinde.

martes, 8 de marzo de 2016

Elementos del dominio público (VII): el principio de imprescriptibilidad

El principio de imprescriptibilidad es el complemento necesario del de inalienabilidad. Éste protege el dominio frente a posibles desmembraciones directamente requeridas, mientras que aquel protege al dominio contra la adquisición de derechos por el uso prolongado que hicieran los particulares y la correlativa pasividad de la Administración.

Imprescriptibilidad y Derecho administrativo

- Fundamento del principio de imprescriptibilidad


Su fundamento, por tanto, también es la afectación, porque al dominio le interesa que los terceros no puedan adquirir derechos sobre él, utilizando en su provecho la institución de la prescripción. En consecuencia, ninguna persona privada podrá adquirir, por vía de la prescripción, ningún derecho sobre el dominio público: ni derecho de propiedad, ni servidumbre, ni -de manera general- ningún derecho real.

jueves, 3 de marzo de 2016

Elementos del dominio público (VI): el elemento teleológico (la afectación)

La afectación es el destino de una cosa a una finalidad de carácter público. No se trata, sin embargo, de una mera intencionalidad, sino de una decisión actual que determina un régimen jurídico aplicable. Conviene hacer, por otro lado, la matización de que hablamos de un destino real, es decir, vinculación o adhesión de una cosa a una finalidad de interés general que excluye cualquier otro destino que no sea compatible.

Dominio publico y Derecho Administrativo

La afectación ha sido el criterio de demanialidad en nuestro Derecho durante mucho tiempo. Sin embargo, esta nota ha quedado profundamente desvaída en la actualidad, pues el Tribunal Constitucional primero y más adelante el legislador, admiten la posibilidad de que bienes patrimoniales, esto es, no demaniales, estén afectados materialmente a una finalidad de carácter público, por tanto, un bien puede estar destinado a una finalidad pública concreta sin que se haya decidido otorgarle carácter demanial. En consecuencia, no adquirirá tal calificación y no le será de aplicación el régimen de los bienes demaniales. La afectación pierde, de esta manera, el carácter de nota determinante del demanio. Sigue siendo necesario, pero ya no es suficiente, pues sobre el presupuesto de la afectación, es una mera decisión formal lo determinante del carácter demanial de los bienes. Es expresiva, en este sentido, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP, en adelante) cuando al regular la afectación, aun señalando que ésta supone la inclusión de un bien en el demanio, al mismo tiempo exige que el acto que la declara exprese la circunstancia de que el bien queda integrado en el dominio público. Esto es así porque la LPAP distingue entre afectación material y formal: la primera no conlleva la inclusión en el régimen demanial y la segunda, sí.