lunes, 15 de septiembre de 2014

Evolución histórica de la función pública en España

Con el riesgo que ello supone, sin perjuicio de la simplificación que representa, podríamos considerar que la evolución histórica de nuestra función pública permite diferenciar dos momentos definidos: el primero, referido al Estado absoluto y, el segundo, el que abarca desde el establecimiento del constitucionalismo hasta nuestra época.

Funcion publica y funcionarios

- La función pública en la época del Estado absoluto


La característica esencial de la primera época es la de considerar como un derecho del Rey el de nombrar y separar a los servidores públicos. La definición de qué se entiende por estatuto del funcionario público en esta época podría elaborarse en base a las siguientes circunstancias:

+ Los diferentes puestos de trabajo, que en ese momento se denominaban oficios, eran creados por el Rey, sin que hubiese restricciones ni límites a esa facultad.

viernes, 12 de septiembre de 2014

El sistema de garantías frente a la expropiación

No se puede concebir la técnica expropiatoria sin la representación inmediata de un sistema de garantías. Estas son tan importantes en relación con la figura que estamos estudiando que se refieren que cuando alguna de las mismas falta sustancialmente la operación de desposesión realizada deja de calificarse como expropiación y entra en el campo de otras figuras jurídicas como el comiso, la confiscación o la limitación de derechos, o se sale de las actuaciones contra el patrimonio que son permitidas en el ordenamiento jurídico incurriendo en la denominada vía de hecho.

Justicia y expropiacion

Hoy el sistema de garantías, aunque se encuentra todavía impregnado de aquella visión de la propiedad privada conceptuada como inviolable y sagrada que tuvo sus esplendor durante el siglo XIX y que trataba de garantizar los patrimonios de los particulares frente a la acción de la Administración, ha de valorarse también como instrumentos que se ponen al servicio de un mejor control de la realización por parte de la Administración de los intereses generales que toda operación expropiatoria, como cualquier otra actuación administrativa, comporta.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

La expropiación de urgencia

El artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa (y sus concordantes del Reglamento de Expropiación Forzosa) que regula las llamadas expropiaciones urgentes es uno de los preceptos de mayor trascendencia de dicha legislación, ya que habiendo sido pensado para actuar como una excepción singular al procedimiento ordinario de expropiación forzosa, se ha convertido con la habitualidad de su uso en ordinario, y su aplicación generalizada ha contribuido a desvirtuar en el tiempo las garantías más elementales establecidas en la ley frente a las operaciones expropiatorias. Se ha producido así un peligroso desfase entre lo que es la propia formulación excepcional de la institución y lo que ha sido su aplicación práctica, cuya concreción demanda, y en este punto existe un amplio consenso, una apremiante necesidad de actualizar la legislación vigente, reformándola.

Expropiacion de urgencia

- ¿Cuales son las razones que han llevado a esta situación? Y sobre todo ¿por qué se ha llegado a la misma?


Podemos dar, al menos, dos explicaciones:

La primera es que la Administración ha venido utilizando esta figura para huir del procedimiento expropiatorio ordinario y no para atender a verdaderas situaciones de urgencia real debidamente contrastada. A ello se une también una práctica normativa reprobable que entiende que dicha declaración no se refiere a "una obra o finalidad determinada" (artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa) sino que se han producido también declaraciones genéricas con indeterminación de los bienes de los particulares afectados. La segunda explicación posible es que los tribunales de lo contencioso no han sabido encontrar mecanismos jurídicos con los que corregir la aplicación abusiva que la Administración ha venido haciendo de esta técnica. El ejemplo de las restricciones a la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de los afectados (artículo 56.2 originario del Reglamento de Expropiación Forzosa) es bastante expresivo del papel escasamente fiscalizador de la jurisprudencia, que sólo tras la entrada en vigor de la Constitución ha comenzado a revisar los excesos legales y reglamentarios con un nuevo espíritu perfectamente extraible, como ya denunció la doctrina administrativa, del entramado normativo anterior.

martes, 9 de septiembre de 2014

Pago, toma de posesión e inscripción de los bienes expropiados

El pago consiste en la entrega por el beneficiario al expropiado de la cantidad de dinero señalada como justiprecio. Según establece el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa este abono se producirá en el plazo máximo de seis meses, desde la fecha en que se produjo la determinación del justiprecio, debiéndose de verificar precisamente en dinero, y en la localidad en que radiquen los bienes expropiados, aunque en esta materia cabe pacto en contrario entre la entidad expropiante y el expropiado, pudiendo convenirse, en su caso, otra forma y lugar de pago.

Justiprecio en dinero

- Pago no dinerario de los bienes expropiados


Ha de destacarse el dato de que algunas disposiciones especiales admiten el pago no dinerario: por ejemplo, la legislación urbanística suele contemplar la posibilidad de que el expropiado reciba como pago las parcelas resultantes de la propia urbanización, a modo de permuta compensatoria.

sábado, 6 de septiembre de 2014

Concepto y naturaleza del dominio público

El dominio público es una de las instituciones más cuestionadas y sobre las que existe más diversidad de opiniones en el ámbito del Derecho administrativo. Su propia naturaleza es fuertemente controvertida y ni siquiera entre los que parecen opinar de la misma manera se puede decir que exista verdadero acuerdo.

Base militar y dominio publico
Acto militar en la Base Aérea de Zaragoza. El régimen del dominio público se aplica, entre otros bienes, a las bases militares.

- Bienes a los que se aplica el régimen del dominio público


El régimen del dominio público se aplica a los bienes más diversos: desde aquellos que utilizan los entes públicos en la realización de sus mismas actividades burocráticas o para la gestión de servicios públicos, hasta otros que, por las más variadas razones como puede ser su escasez (el agua en determinadas regiones), o la necesidad de la defensa y protección del medio ambiente (aguas continentales y marítimas), o de garantizar el uso común (calles, carreteras, playas, etc.) o regular su forma de utilización (agua) o por necesidades de carácter económico (minas, hidrocarburos) o defensivo (cuarteles, bases militares, etc.) puede ser conveniente sustraerlos del régimen habitual representado por la propiedad privada, y dotarlos de un régimen específico adecuado a la incidencia que sobre los mismos puede experimentar el interés general, de manera que las exigencias de éste queden garantizadas de la mejor forma posible.