martes, 21 de octubre de 2014

La libertad de empresa: introducción y limitaciones

La libertad de empresa la podemos encontrar en el artículo 38 de la Constitución: “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación".

Libertad de empresa y Derecho Administrativo

Tenemos un elemento de planificación, característico también de un período anterior.

La libertad de empresa no es un derecho fundamental (Sección 2ª del Título I, Capítulo II: derechos y deberes de los ciudadanos): al igual que tampoco lo es el derecho a la vivienda.

miércoles, 15 de octubre de 2014

La Constitución económica

Hasta el siglo XX las Constituciones no empiezan a tener referencias a la actividad económica. Vamos a ver en esta entrada un concepto de "Constitución económica", así como las características del modelo de la Constitución de 1978 en lo relativo a la actividad económica.

Constitucion y economia

- ¿Qué es la Constitución económica?


La Constitución económica es aquella parte de la Constitución que tiene su centro de atención en la actividad económica. Y no sólo estrictamente a la actividad económica, sino que a lo largo de todo el texto constitucional todas aquellas cuestiones que tienen su proyección en el aspecto económico.

miércoles, 8 de octubre de 2014

El Derecho público económico: concepto y principios

El Derecho económico es una materia interdisciplinar, abarca o está comprendida por un buen número de ramas de nuestro ordenamiento jurídico que se extiende tanto en el seno de lo que conocemos como Derecho público como en el seno del Derecho privado.

Derecho publico economico

- Concepto de Derecho económico


El Derecho económico es aquella parte del ordenamiento jurídico que tiene su centro de atención en aquellas cuestiones jurídicas relacionadas con el proceso o actividad económica y ello se desenvuelve tanto en el ámbito de las potestades públicas como en el ámbito de los negocios jurídico privados.

miércoles, 1 de octubre de 2014

Distribución de competencias en materia de empleo público

El empleo público es una competencia compartida a pesar de las declaraciones de exclusividad formuladas por algunos Estatutos de Autonomía, a nivel legislativo, entre el Estado y las Comunidades Autónomas; si bien es cierto, también la Administración Local tendrá competencias normativas, aunque ésta no será de carácter legal, en sentido formal (una posición que se ha visto reforzada en los últimos tiempos de manos del Estatuto Básico del Empleado Público).

Empleo publico y Derecho administrativo

- Las competencias del Estado en materia de empleo público


Las atribuciones competenciales establecidas en el artículo 149 de la Constitución asignan al Estado la legislación básica en materia de función pública (art. 149.1.18). Será el Tribunal Constitucional quien ha analizado el alcance del concepto (Sentencia de 5 de agosto de 1983); un precepto del que se deriva una doble competencia estatal:

+ Competencia para regular los aspectos básicos de la situación personal de los funcionarios públicos; esto es, de la denominada relación de servicio como contenido indispensable del régimen estatutario.

jueves, 25 de septiembre de 2014

Menciones al régimen funcionarial en la Constitución de 1978

Tres son los preceptos de nuestra Constitución en los que encontramos menciones directas y generales al régimen funcionarial: los artículos 23.2, 103.3 y artículo 149.1.18º. En cada uno de ellos, como veremos, se plantean cuestiones de interés en el ámbito referido: acceso a la función pública profesional por parte de los ciudadanos, el contenido del estatuto funcionarial, y el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la ordenación estatutaria.

Funcionario policia

- Acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas: artículo 23.2 de la Constitución


El artículo 23.2 de la Constitución reconoce al máximo nivel posible el derecho de todos los ciudadanos de “acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes”. Un precepto que ha generado un intenso y numeroso grupo de sentencias a partir de no pocos recursos de amparo planteados como consecuencia de las violaciones que viene sufriendo dicho derecho subjetivo por parte de los poderes públicos. Un cuerpo jurisprudencial en torno a dos cuestiones esenciales: por un lado, las características y principios que han de imperar en el procedimiento de selección (mérito y capacidad) (STC 50/1986, de 23 de abril), y en segundo lugar, en relación a las causas de remoción de las funciones públicas a las que se accedió (STC 10/1983, de 21 de febrero y STC 28/1984, de 28 de febrero).