miércoles, 1 de octubre de 2014

Distribución de competencias en materia de empleo público

El empleo público es una competencia compartida a pesar de las declaraciones de exclusividad formuladas por algunos Estatutos de Autonomía, a nivel legislativo, entre el Estado y las Comunidades Autónomas; si bien es cierto, también la Administración Local tendrá competencias normativas, aunque ésta no será de carácter legal, en sentido formal (una posición que se ha visto reforzada en los últimos tiempos de manos del Estatuto Básico del Empleado Público).

Empleo publico y Derecho administrativo

- Las competencias del Estado en materia de empleo público


Las atribuciones competenciales establecidas en el artículo 149 de la Constitución asignan al Estado la legislación básica en materia de función pública (art. 149.1.18). Será el Tribunal Constitucional quien ha analizado el alcance del concepto (Sentencia de 5 de agosto de 1983); un precepto del que se deriva una doble competencia estatal:

+ Competencia para regular los aspectos básicos de la situación personal de los funcionarios públicos; esto es, de la denominada relación de servicio como contenido indispensable del régimen estatutario.

jueves, 25 de septiembre de 2014

Menciones al régimen funcionarial en la Constitución de 1978

Tres son los preceptos de nuestra Constitución en los que encontramos menciones directas y generales al régimen funcionarial: los artículos 23.2, 103.3 y artículo 149.1.18º. En cada uno de ellos, como veremos, se plantean cuestiones de interés en el ámbito referido: acceso a la función pública profesional por parte de los ciudadanos, el contenido del estatuto funcionarial, y el reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la ordenación estatutaria.

Funcionario policia

- Acceso en igualdad de condiciones a las funciones públicas: artículo 23.2 de la Constitución


El artículo 23.2 de la Constitución reconoce al máximo nivel posible el derecho de todos los ciudadanos de “acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes”. Un precepto que ha generado un intenso y numeroso grupo de sentencias a partir de no pocos recursos de amparo planteados como consecuencia de las violaciones que viene sufriendo dicho derecho subjetivo por parte de los poderes públicos. Un cuerpo jurisprudencial en torno a dos cuestiones esenciales: por un lado, las características y principios que han de imperar en el procedimiento de selección (mérito y capacidad) (STC 50/1986, de 23 de abril), y en segundo lugar, en relación a las causas de remoción de las funciones públicas a las que se accedió (STC 10/1983, de 21 de febrero y STC 28/1984, de 28 de febrero).

lunes, 15 de septiembre de 2014

Evolución histórica de la función pública en España

Con el riesgo que ello supone, sin perjuicio de la simplificación que representa, podríamos considerar que la evolución histórica de nuestra función pública permite diferenciar dos momentos definidos: el primero, referido al Estado absoluto y, el segundo, el que abarca desde el establecimiento del constitucionalismo hasta nuestra época.

Funcion publica y funcionarios

- La función pública en la época del Estado absoluto


La característica esencial de la primera época es la de considerar como un derecho del Rey el de nombrar y separar a los servidores públicos. La definición de qué se entiende por estatuto del funcionario público en esta época podría elaborarse en base a las siguientes circunstancias:

+ Los diferentes puestos de trabajo, que en ese momento se denominaban oficios, eran creados por el Rey, sin que hubiese restricciones ni límites a esa facultad.

viernes, 12 de septiembre de 2014

El sistema de garantías frente a la expropiación

No se puede concebir la técnica expropiatoria sin la representación inmediata de un sistema de garantías. Estas son tan importantes en relación con la figura que estamos estudiando que se refieren que cuando alguna de las mismas falta sustancialmente la operación de desposesión realizada deja de calificarse como expropiación y entra en el campo de otras figuras jurídicas como el comiso, la confiscación o la limitación de derechos, o se sale de las actuaciones contra el patrimonio que son permitidas en el ordenamiento jurídico incurriendo en la denominada vía de hecho.

Justicia y expropiacion

Hoy el sistema de garantías, aunque se encuentra todavía impregnado de aquella visión de la propiedad privada conceptuada como inviolable y sagrada que tuvo sus esplendor durante el siglo XIX y que trataba de garantizar los patrimonios de los particulares frente a la acción de la Administración, ha de valorarse también como instrumentos que se ponen al servicio de un mejor control de la realización por parte de la Administración de los intereses generales que toda operación expropiatoria, como cualquier otra actuación administrativa, comporta.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

La expropiación de urgencia

El artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa (y sus concordantes del Reglamento de Expropiación Forzosa) que regula las llamadas expropiaciones urgentes es uno de los preceptos de mayor trascendencia de dicha legislación, ya que habiendo sido pensado para actuar como una excepción singular al procedimiento ordinario de expropiación forzosa, se ha convertido con la habitualidad de su uso en ordinario, y su aplicación generalizada ha contribuido a desvirtuar en el tiempo las garantías más elementales establecidas en la ley frente a las operaciones expropiatorias. Se ha producido así un peligroso desfase entre lo que es la propia formulación excepcional de la institución y lo que ha sido su aplicación práctica, cuya concreción demanda, y en este punto existe un amplio consenso, una apremiante necesidad de actualizar la legislación vigente, reformándola.

Expropiacion de urgencia

- ¿Cuales son las razones que han llevado a esta situación? Y sobre todo ¿por qué se ha llegado a la misma?


Podemos dar, al menos, dos explicaciones:

La primera es que la Administración ha venido utilizando esta figura para huir del procedimiento expropiatorio ordinario y no para atender a verdaderas situaciones de urgencia real debidamente contrastada. A ello se une también una práctica normativa reprobable que entiende que dicha declaración no se refiere a "una obra o finalidad determinada" (artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa) sino que se han producido también declaraciones genéricas con indeterminación de los bienes de los particulares afectados. La segunda explicación posible es que los tribunales de lo contencioso no han sabido encontrar mecanismos jurídicos con los que corregir la aplicación abusiva que la Administración ha venido haciendo de esta técnica. El ejemplo de las restricciones a la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de los afectados (artículo 56.2 originario del Reglamento de Expropiación Forzosa) es bastante expresivo del papel escasamente fiscalizador de la jurisprudencia, que sólo tras la entrada en vigor de la Constitución ha comenzado a revisar los excesos legales y reglamentarios con un nuevo espíritu perfectamente extraible, como ya denunció la doctrina administrativa, del entramado normativo anterior.