martes, 2 de septiembre de 2014

Un concepto de expropiación forzosa

No podemos ofrecer una noción totalmente perfilada de la figura expropiatoria desde un punto de vista jurídico si no delimitamos la misma respecto de otras con las que ha venido guardando relación históricamente, hasta el punto de que hayan podido existir momentos en los que hayan llegado a ser confundidas por los operadores jurídicos, o en relación con técnicas que, aunque íntimamente próximas por su naturaleza, presentan perfiles jurídicos distintos a los de la expropiación común.

Expropiacion de YPF

- Supuestos en los que las limitaciones patrimoniales no constituyen expropiaciones en sentido técnico


Dentro de este grupo podemos incluir las limitaciones derivadas de la configuración estatutaria del derecho de propiedad, la responsabilidad administrativa, y la llamada venta forzosa.

lunes, 1 de septiembre de 2014

El reparto competencial Estado/Comunidades Autónomas en relación con la expropiación

Por lo que se refiere a esta cuestión el artículo 149. 1 18 de la Constitución y, a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos en los que se atribuye simplemente la competencia para establecer las bases o la legislación básica, en esta materia la competencia exclusiva corresponde al Estado. Sin embargo, y al igual que ocurre en otros Estatutos de Autonomía de la primera generación, el de Andalucía de 1981 permitía ejercer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, "la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia” (art. 127). Surgía entonces la cuestión de cómo debía de salvarse esta aparente contradicción.

Comunidades autonomas

- Emanación de las normas relativas a expropiación: Estado y Comunidades Autónomas


Es evidente que una lectura literal del texto constitucional conduce al mantenimiento de la unidad legislativa en manos del Estado, pues no existen ni limitaciones de ninguna clase a su ejercicio por este titular ni tampoco se prevé la participación de las Comunidades autónomas en relación con este título competencial. Así lo ha entendido también el Estado en alguna que otra ocasión (art. 12.2. de la Ley de Proceso Autonómico de 1983). Hoy este problema está resuelto por la jurisprudencia constitucional: la STC 37/87, de 26 de marzo (asunto ley andaluza de reforma agraria), considera que no toda norma relativa a la materia expropiatoria tiene que emanar de las Cortes Generales necesariamente, sino que a estas sólo le están reservadas en exclusiva dos únicas tareas a fin de conseguir un tratamiento similar para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional:

+ La fijación de los criterios de evaluación de los bienes que hayan de ser expropiados.

domingo, 31 de agosto de 2014

Las bases constitucionales de la expropiación forzosa

La Constitución regula la expropiación en su artículo 33, en el cual, tras reconocerse el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y a la función social de estos derechos se señala que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y conformidad con lo dispuesto por las leyes".

Expropiacion forzosa e YPF

De este, que no podemos dejar de calificar como importante precepto, aparte del efecto garantista que establece sobre el que volveremos seguidamente, interesa destacar ahora otros dos datos: por un lado, la no consideración de la propiedad como un derecho fundamental por sí mismo, o lo que resulta equivalente: su defensa ante posibles intervenciones administrativas estará garantizada ante los tribunales de justicia por la vía común, sin que los propietarios puedan acudir a procesos especiales de protección (como el previsto en el art. 53. 1 Constitución); por otro lado, el constituyente se muestra, si no contrario sí indiferente ante la posible recepción del modelo procesal (francés) de la expropiación, quedando sin consagrar, al igual que ha venido sucediendo en la mayor parte de las Constituciones de nuestro país, la llamada intervención judicial en el procedimiento expropiatorio, y respaldándose, por consiguiente, de esta forma el modelo eminentemente administrativo consagrado por la legislación preconstitucional.

sábado, 30 de agosto de 2014

Constituciones y leyes de expropiación forzosa

Desde un punto de vista normativo puede seguirse la evolución legislativa del régimen de la expropiación a partir de los textos constitucionales en los que ha sido habitual recoger preceptos dedicados a este instituto jurídico que el legislador de cada periodo habría de ir puntualmente desarrollando. Así, es posible establecer distintas secuencias históricas de la figura expropiatoria a partir de los textos fundamentales: la ley de 17 de julio de 1836 desarrollaba el Estatuto Real de 1834; la posterior ley de 10 de enero de 1879, bastante extensa y minuciosa por cierto, y que se mantuvo vigente hasta los años cincuenta, siguió a la Constitución de 1876; y la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 16 de diciembre de 1954 tenía su anclaje en el denominado Fuero de los Españoles.

Expropiacion forzosa y constituciones

- Explicación a la recepción constitucional de la técnica expropiatoria


La explicación de esta recepción constitucional de la técnica expropiatoria, que lleva en paralelo un desarrollo legal singular, se halla en la preocupación que las fuerzas socio-políticas dominantes han venido sintiendo en cada periodo por todo lo tocante a la propiedad privada, y al sistema de garantías que ha de arbitrarse para dejar a salvo un derecho de la importancia del citado en los contados momentos en los que los Poderes públicos habrían de intervenir sobre su objeto.

viernes, 29 de agosto de 2014

Introducción a la expropiación forzosa en el ordenamiento español

Para comprender la evolución histórica reciente de la técnica expropiatoria en nuestro país, y poder percibir así el completo sentido de la figura en la actualidad, hemos de hacer una referencia al Derecho comparado, en concreto, al modo en que se ha desenvuelto la expropiación forzosa en Francia. De este modo podremos ver como partiendo de similares bases doctrinales el Derecho administrativo del país vecino y el nuestro han evolucionado siguiendo pautas distintas en esta materia hasta el punto de que, mientras que en otras instituciones, figuras o técnicas se produce un fuerte paralelismo entre uno y otro -a veces incluso una perfecta sintonía-, en este caso las diferencias son bien notables, lo que pone de manifiesto la diversidad del Derecho administrativo continental y la singularidad dentro de él del español.

Expropiacion forzosa y carretera

- Punto de partida: surgimiento de la Administración pública moderna

El punto de partida de nuestra exposición ha de situarse en el periodo de surgimiento de la Administración pública moderna y no puede ser otro que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo artículo 17 establecía las reglas que habrían de cumplirse para desposeer a los propietarios de sus bienes, empleando la siguiente fórmula: "siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija claramente y con la condición de una indemización justa y previa". Este precepto, y al igual que ocurría con otros que se recogían en dicha Declaración, suponía una identificación de los revolucionarios franceses con los valores de una clase social en esos momentos emergente, la burguesía, y dentro de ellos, con el esquema tradicional de la propiedad como derecho del que no se podía privar, dada su inviolabilidad, a los ciudadanos, salvo que dicha privación viniese justificada al más alto nivel normativo y siempre y cuando se satisfaciese de modo previo y justo la desposesión sufrida.