jueves, 28 de agosto de 2014

La reclamación de responsabilidad a la Administración

El cumplimiento por parte de la Administración Pública de reparar la lesión causada al particular a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos puede ser reclamado tanto en vía administrativa como en vía judicial.

Reclamacion de indemnizacion

Cuando se trate de un acto lícito, la reclamación administrativa tiene carácter previo a la jurisdiccional. En cuanto que la reclamación se intente practicar respecto de una actuación material o de la inactividad de la Administración, la LJ (arts. 29 a 32) configura la reclamación administrativa como una opción para el particular que por ello podrá optar por reclamar directamente en el orden contencioso-administrativo la responsabilidad administrativa. En fin, tratándose de actos ilícitos pueden presentarse, a su vez, tres posibilidades. En primer término, el art. 35 LJ permite la acumulación de la reclamación de responsabilidad en el recurso contencioso-administrativo interpuesto previamente en cualquier momento, entendiéndola la doctrina extendida también al recurso administrativo; en segundo lugar, el art. 142.4 LPAC permite la posibilidad de esperar a obtener la invalidez en vía administrativa o jurisdiccional para proceder a la reclamación de responsabilidad. Por último la jurisprudencia admite el resarcimiento por los efectos del acto sin necesidad de impugnación previa de la invalidez del mismo en el plazo de un año desde la cesación de los mismos.

miércoles, 27 de agosto de 2014

La indemnización en caso de responsabilidad patrimonial de la Administración

Producido un daño a un particular, y siempre que se den los elementos que se han analizado anteriormente, surge la obligación de la Administración Pública de repararlo. Tal reparación consistirá en la indemnización de la lesión. A su cálculo dedica la LPAC el artículo 141, que en este punto ha sido objeto de algunas modificaciones por la Ley 4/1999.

Indemnizacion de la Administracion Publica

- Criterios de valoración de la indemnización


De los criterios aplicables para valorar la indemnización se ocupa el segundo apartado del artículo 141, que en este punto se remite a los establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, añadiendo el precepto la necesidad de que, en su caso, se ponderen las valoraciones predominantes en el mercado.

martes, 26 de agosto de 2014

El elemento causal de la responsabilidad patrimonial

Para que surja el deber de la Administración de indemnizar los daños derivados de su actividad, debe concurrir, finalmente, otro elemento, el elemento causal, que deriva de la exigencia de que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, y del que al propio tiempo se excluyen los casos de fuerza mayor (artículos 106 de la Constitución y 139.1 de la LPAC).

Indemnizacion de la Administracion

- El riesgo en la responsabilidad patrimonial


La expresa exclusión en los preceptos mencionados de la fuerza mayor, ha sido tradicionalmente interpretada en el sentido de incluir, como criterio de imputación, al caso fortuito.

lunes, 25 de agosto de 2014

El elemento objetivo de la responsabilidad patrimonial: el daño y sus requisitos

El daño consiste, según los artículos 106 de la Constitución y 139 de la LPAC, en “toda lesión que sufran en sus bienes y derechos” los particulares, incluyéndose así los daños morales y corporales y los perjuicios, siendo el ámbito de exigencia de estos últimos mayor si en la producción del daño hubiere mediado dolo o culpa grave, en cuyo caso habrían de indemnizarse no sólo los perjuicios que sean consecuencia necesaria de la lesión, sino todos los que conocidamente se deriven de ella. Por otra parte, se excluyen del concepto de lesión resarcible los daños posibles, los meros riesgos y los no producidos realmente.

Daño y responsabilidad patrimonial de la Administracion

- Requisitos para considerar una lesión indemnizable según la LPAC


Son además exigibles los cuatro requisitos que para considerar la lesión indemnizable impone la LPAC. El daño ha de ser así efectivo, evaluable económicamente, individualizado en relación a una persona o grupo de personas, y antijurídico (arts. 139.2 y 141.1 LPAC).

domingo, 24 de agosto de 2014

El elemento subjetivo de la responsabilidad patrimonial: el sujeto activo y pasivo

Es tradicional, en la teoría general del Derecho administrativo, explicar el régimen de la responsabilidad mediante el análisis sistemático de cada uno de sus elementos: sujetos, objeto y causa. Siguiendo este orden y en relación al primero de ellos, es evidente que en la producción del daño interviene un sujeto, la Administración pública, que lo origina. Pero también es claro que ha de existir un sujeto dañado, el que sufre la lesión en sus bienes y derechos. El sujeto activo, desde la perspectiva del análisis que nos ocupa es la Administración, aunque como veremos no va a ser siempre ésta la que venga obligada a indemnizar la totalidad del daño. Por su parte, el sujeto pasivo es el particular que sufre el daño en sus bienes y derechos, en la terminología empleada en los textos positivos.

Responsabilidad patrimonial y Tribunal de Cuentas

- Sujeto activo: la responsabilidad de la Administración y sus agentes


El art. 139.1 LPAC atribuye la obligación de indemnizar por los daños derivados del funcionamiento de los servicios públicos a las Administraciones públicas. La delimitación del sujeto activo requiere, no obstante y a pesar de la aparente sencillez de precepto, de ciertas matizaciones por cuanto los casos que se presenten pueden ser bien diferentes, ya que la responsabilidad podrá derivarse de la actividad de un órgano administrativo, de un ente personificado -en ambos casos además intervendrá el personal al servicio de la Administración, pudiendo hacerlo con la concurrencia de algún elemento culposo o no- o de un contratista de la Administración. La responsabilidad administrativa causante del daño puede, de hecho suele ser lo corriente en los supuestos de responsabilidad por inactividad, concurrir con la del particular e incluso con la de otra Administración pública.