El Derecho Ambiental: concepto, características y principios

La protección del medio ambiente constituye una necesidad social y un derecho colectivo de los ciudadanos.

La acción de los poderes públicos establece el marco de tutela de los valores ambientales en relación al conjunto de actividades cuyo diseño y ejecución tiene incidencia potencial en la conservación del medio ambiente.

Concepto y evolución de la actividad de fomento de la Administración

La delimitación conceptual de lo que entendemos como actividad administrativa de fomento que nos ofrece la doctrina jurídico-administrativa, parte de la definición acuñada por el profesor Jordana de Pozas. Se considera a esta actividad como la acción de la Administración encaminada a promover o proteger aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas, o que se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción, ni crear servicios públicos. Una actividad, que comprende todo tipo de medidas de los poderes públicos que tienen por finalidad estimular, promover, incentivar o sostener determinadas actividades o iniciativas privadas, por entender que en ello concurre un interés público.

- No toda ayuda de la Administración es una medida de fomento

Sin embargo, no toda ayuda prestada por la Administración a un particular, ni siquiera toda ayuda económica, es una medida de fomento; lo propio de ellas es la finalidad de estimular actividades o comportamientos de quien la recibe. En esta línea, no podremos calificar como medidas de fomento ciertas ayudas y subsidios que tienen por finalidad la mera protección de personas en situación de dificultad o situación marginal. Más bien, dichas ayudas constituyen prestaciones propias de un servicio público asistencial, un servicio que consiste muchas veces en gestionar una aportación dineraria de subsistencia o integración social general o específica. De la misma manera, no son medidas de fomento otras aportaciones dinerarias, como las pensiones de la Seguridad Social o el subsidio de desempleo o similares, y por ello, todas ellas quedan excluidas del ámbito de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

Tipos de empresas públicas

Vamos a ver en esta entrada los diferentes tipos de empresas públicas, tanto en el ámbito estatal, autonómico (aquí veremos como ejemplo el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y local.

- Tipos de empresas públicas en la Administración estatal

+ Las Entidades públicas empresariales

Las Entidades públicas empresariales son organismos públicos, adscritos a un Ministerio o a un Organismo autónomo, a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes susceptibles de contraprestación económica. Deben crearse mediante Ley.

La actividad de limitación o policía de la Administración: concepto

Entendemos por actividad de limitación o policía aquella forma de intervención mediante la cual la Administración Pública restringe la libertad o los derechos de los particulares, pero sin sustituir con su actuación la actividad de éstos.

Hoy en día, identificamos este tipo de actividad preferiblemente mediante la expresión “limitación” frente a la de “policía”. El concepto de policía es ya un concepto anquilosado que podría llevarnos a confusión; con él identificamos esa esfera de la actividad administrativa específica de defensa o protección del orden y de la seguridad pública, así como a los órganos de la Administración (estatal y autonómica) encargados de velar por su mantenimiento (miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Policía Nacional y Policías Autonómicas).

El Derecho Administrativo como ordenamiento jurídico público, común y normal

Es de común aceptación la caracterización del Derecho Administrativo éste como un Derecho público, común y normal, tal y como lo definiera en un trabajo clásico M.F. CLAVERO ARÉVALO.

- El Derecho administrativo como ordenamiento jurídico público

El carácter público de las normas de Derecho administrativo nunca ha sido puesto en tela de juicio, si bien, la delimitación de los ámbitos propios del Derecho público y privado no es ni mucho menos pacífica. No es esta la ocasiónpara detenernos en esta cuestión, pero sí debe afirmarse que, sea cual sea el criterio que se sostenga para distinguir el Derecho Público del Derecho privado, el Derecho administrativo será siempre público, llegándose a afirmar incluso que es “el verdadero Derecho Público, de cuya concepción tradicional hay que excluir aquellas ramas del Derecho que están por encima del Derecho público y del privado, como ocurre en primer lugar con el Derecho `legislativo ́, es decir aquella parte del ordenamiento que regula el sistema de fuentes, los modos en que el Derecho se produce y el distinto valor de unas u otras normas y principios, todo lo cual constituye el contenido fundamental del Derecho constitucional...”.