El Derecho Ambiental: concepto, características y principios

La protección del medio ambiente constituye una necesidad social y un derecho colectivo de los ciudadanos.

La acción de los poderes públicos establece el marco de tutela de los valores ambientales en relación al conjunto de actividades cuyo diseño y ejecución tiene incidencia potencial en la conservación del medio ambiente.

Los bienes de dominio público: la recuperación de oficio

La recuperación de oficio ha sido definida por la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1986, entre otras) como la potestad de autotutela que el ordenamiento jurídico concede a la Administración. Constituye el denominado interdictum propium y va dirigida a la recuperación y restablecimiento de la situación posesoria anterior alterada por el particular. Atiende a la protección y defensa de la Administración por sí misma, es decir, sin necesidad de pedir la actuación jurisdiccional de los Tribunales en razón del interés público, cuya tutela le incumbe.

El art. 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP, en adelante) dispone que las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida de bienes y derechos de su patrimonio. La recuperación de los bienes demaniales se puede hacer en cualquier momento; por el contrario, la de los bienes y derechos patrimoniales requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada a los interesados antes de que transcurra un año desde el día siguiente al de la usurpación: pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitar las acciones correspondientes ante los órganos de la jurisdicción civil.

Bienes de uso público (potestades de utilización) (III): uso privativo y reserva demanial

Analizamos, en esta tercera entrega sobre los bienes de uso público y las potestades de utilización, el uso privativo y la reserva demanial.

- Uso privativo

El uso privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados (art. 85.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas –LPAP, en adelante-), nota que lo distingue del uso especial. En la legislación autonómica se suele otorgar esta consideración a las ocupaciones demaniales que se realizan mediante obras e instalaciones materiales fijas y de carácter permanente o que supongan una cierta transformación o modificación del bien a que se refiere (Ley catalana 11/1982, de 2 de diciembre). La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LPCA, en adelante) exige la tendencia a permanecer de las instalaciones.

Los bienes de dominio público: el deslinde

En la propiedad inmueble rústica el problema de la individualización de los bienes reviste una especial intensidad porque el campo no tiene puertas. El deslinde se nos configura en el Derecho privado como una facultad de exclusión dimanante del derecho de propiedad, facultad de la que participan también los titulares de los derechos reales (RIVERO). En el Derecho público se ha aceptado, prácticamente sin matización hasta ahora, esta misma consideración debido a que, al considerar al dominio público como una forma de propiedad (planteamiento que siguen los autores que más han estudiado el tema, a saber, RIVERO YSERN y MENDOZA OLIVAN), cuadraban perfectamente, a este respecto, las mismas facultades que la propiedad privada. Sea cual sea la condición de los poderes que se ejerzan (facultades inherentes a la propiedad o potestades públicas), el deslinde se presenta como una operación de establecimiento de límites y, por tanto, individualización de la cosa inmueble.

En la relación entre particulares, el deslinde se realiza mediante u contrato entre las partes interesadas, o un acto de jurisdicción voluntaria que si llegara a tener oposición exigiría la correspondiente sentencia judicial en un pleito de deslinde.

Elementos del dominio público (VII): el principio de imprescriptibilidad

El principio de imprescriptibilidad es el complemento necesario del de inalienabilidad. Éste protege el dominio frente a posibles desmembraciones directamente requeridas, mientras que aquel protege al dominio contra la adquisición de derechos por el uso prolongado que hicieran los particulares y la correlativa pasividad de la Administración.

- Fundamento del principio de imprescriptibilidad

Su fundamento, por tanto, también es la afectación, porque al dominio le interesa que los terceros no puedan adquirir derechos sobre él, utilizando en su provecho la institución de la prescripción. En consecuencia, ninguna persona privada podrá adquirir, por vía de la prescripción, ningún derecho sobre el dominio público: ni derecho de propiedad, ni servidumbre, ni -de manera general- ningún derecho real.